(Radio Progreso).- El
informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el marco de la crisis
post electoral, precisa que durante las protestas ciudadanas contra el
fraude electoral, que dio paso a la consolidación del régimen nacionalista, por lo menos 22 civiles y una agente de policía perdieron la vida.
Fuerza excesiva, incluso letal,
implementaron los cuerpos de seguridad, en particular la Policía
Militar, para dispersar las protestas ciudadanas contra los resultados
electorales del pasado 26 de noviembre, resalta el informe del Alto
Comisionado.
De acuerdo a la OACNUDH, las fuerzas de
seguridad, principalmente la Policía Militar del Orden Público (PMOP),
“no cumplieron con el principio de precaución en el uso de la fuerza”.
“En el contexto de las operaciones para
la disolución de las protestas y las consiguientes persecuciones, los
elementos de las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal en zonas
muy pobladas sin plenamente evaluar los riesgos para terceros, tal y
como sugiere el hecho de que al menos 10 transeúntes resultaron muertos o
heridos por balas perdidas disparadas por las fuerzas de seguridad”,
precisó la Oficina del Alto Comisionado.
Las muertes en protestas
María Soledad Pazo, representante
residente en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, dijo que, al momento de finalizar el
informe, verificaron que al menos 23 personas habían muerto en el contexto de las protestas postelectorales.
“Según el trabajo metodológico que hemos
hechos, 22 civiles y un policía han muerto durante las manifestaciones;
16 de ellos, dos niños y dos mujeres, han muerto por el impacto de la
balas de las fuerzas de seguridad; 13, según lo que hemos documentado,
por la Policía Militar del Orden Público; y una muerte por la Policía
Nacional”, detalló Pazo.
El informe de la OACNUDH trae a la
memoria a Kimberly Dayana Fonseca, muerta por las balas que el ejército
disparó y le impactaron en su cabeza la noche del primero de diciembre,
al momento de decretar un estado de sitio. Kimberly vivía en la colonia
Villanueva de Tegucigalpa, una zona que resiste y lucha contra la
pobreza y el marginamiento de los gobiernos y ahora al régimen
nacionalista.
En su informe, el Alto Comisionado
señaló que los decretos sobre el estado de emergencia o toque de queda
presentaron una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas
y estándares internacionales aplicables a los derechos humanos: “los
decretos no definieron claramente los derechos afectados por el estado
de excepción, ya que el Artículo 1 de ambos decretos solo se refería a
la restricción de la libertad de circulación, mientras que en realidad
afectaron el ejercicio de otros derechos, como la libertad y la
seguridad de las personas y la libertad de reunión”.
El informe señala que unas mil 351
personas fueron detenidas entre el 1 y 5 de diciembre de 2017, acusadas
de violar el toque de queda impuesto. Lo anterior representa arrestos
masivos e indiscriminados, además de la privación de libertad en
cárceles de máxima seguridad sin ningún criterio, dijo Silvia Lavagnoli,
representante adjunta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
“Sabemos las condiciones en las cárceles
son preocupantes, todavía no entendemos cuáles son los criterios para
que estas personas estén en prisión preventiva en cárceles de máxima
seguridad”, remarcó.
En relación a las acusaciones contra las
personas manifestantes, Lavagnoli explicó que las autoridades abrieron
cuatro investigaciones por el delito de terrorismo: “dos han sido
cerradas, la definición de terrorismo no se alinea con los estándares
internacionales”.
Investigaciones “finalizadas”
Tras conocer el informe de la OACNUDH,
la recién nombrada secretaria de derechos humanos, Karla Cueva, aseguró
que los entes especializados han finalizado la investigación de 22 casos
los que estarían pasando al Ministerio Público para que las fiscalías
correspondientes determinen ameritan requerimientos.
“Están todos los casos de las muertes
que se han denunciado por todas las organizaciones de derechos humanos, y
también el Alto Comisionado, hay que recordar que ha habido tres
policías que han muerto, todos estos casos están pasando al Ministerio
Público”, manifestó Cueva.
Karla Cueva dijo que la Secretaría de
Derechos Humanos no presentará denuncias de violaciones durante la
crisis: “la secretaría solo es un ente que coadyuva para que las
investigaciones se lleven a cabo, el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos también tiene investigaciones abiertas”.
En consonancia con la Secretaría de
Derechos Humanos, el sub comisionado de la Dirección de Investigación
Policial (DPI), Rommel Martínez, dice que hasta la fecha han finalizado
las indagaciones en 20 de los 22 casos de crímenes denunciados.
“El informe de OACNUDH tendrá que ser
considerado en la siguiente reunión de Mesa de Validación Técnica, y
determinar cuál es la arritmia que existe en un número, repito, nosotros
tenemos en una bitácora un monitoreo que en primer punto estable cuáles
son los criterios de vinculación y desde ahí permite la planificación
de la investigación de los casos. En el caso de las autopsias, que en
algunas tuvo que hacerse exhumaciones, creo que solo hay uno o dos
víctimas pendientes de los 22”, comentó Martínez, en una conferencia de
prensa, minutos después de publicado el informe del Alto Comisionado de
Derechos Humanos.
Piden investigaciones rigurosas
Luego que la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUH)
presentara el informe de las violaciones a los derechos humanos en el
contexto post electoral, el embajador de España en Honduras, Guillermo
Kirkpatrick de la Vega, instó a las autoridades hondureñas a realizar
investigaciones sobre los casos presentados.
Kirkpatrick de la Vega además dijo que
las denuncias de violaciones a los derechos humanos no deben ser objeto
de negociaciones: “la situación nos preocupa, insistimos, pedimos al
gobierno de Honduras una labor de investigación rigurosa para aclarar
las circunstancias que están en el informe”.
Agregó que las alegaciones presentadas
en el informe del OACNUDH “pueden servir para avanzar por la vía del
diálogo. Con el diálogo no se acaban las violaciones a los derechos
humanos, las denuncias tienen que ser objeto de una investigación, pero
eso no quita para que los problemas de crisis política tengas que ser
resueltos por la vía del diálogo”.
Por su parte, el encargado de negocios
de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Brian Nichols, dijo que su
gobierno confía en que las autoridades actuarán sobre los casos de
asesinatos que se ejecutaron durante la crisis post electoral.
“Ese informe es un paso importante para
el país, para llegar a la reconciliación y la justicia. Tengo toda la
confianza que el gobierno hondureño en estos casos que están bajo
investigación, como bien dijo la representante de OACNUDH eso es
competencia del gobierno, y todos en la comunidad internacional
esperamos que hayan pasos firmes respeto a eso”, declaró Nichols.
Todas las muertes atribuidas por la
OACNUDH a las fuerzas de seguridad, dice el informe, se debieron a
heridas causadas por armas de fuego. En ese sentido, explicaron que “el
análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, sugiere que
las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las
armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio, como por
ejemplo, cuando las víctimas estaban huyendo”.
La Oficina de Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, entre sus
recomendaciones, pide a las autoridades que restrinjan el uso de la
Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de
la ley. Asimismo, investigaciones rápidas, imparciales e independientes
de todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el
contexto electoral.